Cambios Regulatorios en Materia Ambiental //

México fue uno de los primeros países del mundo en aprobar una ley específica sobre cambio climático. En 2012, la Ley General de Cambio Climático volvió obligatoria para el año 2020 la reducción de las emisiones nacionales de gas de efecto invernadero en 30% (sujeto a la disponibilidad de financiamiento y transferencia de tecnología). El Programa Especial sobre Cambio Climático (2014-2018) actualizado establece las metas, objetivos y acciones que se requieren para promover la mitigación del cambio climático en el corto plazo, al mismo tiempo que se garantiza la competitividad económica y se reserva tiempo para el desarrollo de estrategias de adaptación.

El primer periodo cubierto en el reporte conforme a esta nueva ley fue 2015. Toda entidad con emisiones que superen las 25,000 toneladas de CO2e (lo cual incluye a nuestras minas Guanaceví y El Cubo) debía incluir esta información en sus reportes ambientales anuales (junto con desperdicios peligrosos, derrames, descargas, etc.) que presentan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para 2018, se requerirá a las entidades que reporten más de 25,000 toneladas de CO2e, que auditen sus emisiones de 2017 de manera independiente a través de terceros.

Adicionalmente, algunos estados en México han planeado la promulgación de impuestos ambientales; tal es el caso de Zacatecas (el estado donde se ubica nuestra futura mina El Compas), que aprobó su propio “impuesto verde”, mismo que entró en vigor el 1 de enero de 2017. Se impondrán impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación de aguas y suelo, así como almacenamiento de desperdicios. El impacto económico exacto que esto podría traer es incierto actualmente debido a su naturaleza controversial y los juicios de amparo que se han interpuesto ante tribunales mexicanos.